El analista de AIF explica los pros y contras de este producto en el que miles de ahorradores están atrapados por las entidades financieras.
Mucho se está hablando estos días de los inversores que en su día apostaron por un producto llamado "participaciones preferentes" emitidas, en general, por muchas entidades financieras; un producto que era bastante desconocido para muchas personas pero un producto considerado hasta hace poco como muy seguro y rentable por muchos de los inversores que llegaron a adquirirlo.
Para poder analizar la situación, en primer lugar, habría que recordar de qué tipo de producto estamos hablando: las participaciones preferentes son títulos considerados híbridos, a medio camino entre la renta fija y la renta variable, ya que sin llegar a ser acciones, contabilizaban como recursos propios para las entidades que las emitían.
Los más curioso es el engaño a que puede llevar el nombre de "preferente", que se refiere a que si la entidad emisora quebrara, los tenedores de preferentes cobrarían, si quedara suficiente patrimonio, antes que los accionistas (tendrían preferencia sobre los accionistas), pero también es cierto que cobrarían por detrás de todos los demás acreedores de la entidad emisora, con lo que, en la práctica, las probabilidades de recuperar el dinero en caso de quiebra serían prácticamente nulas.
Por si esto fuera poco complejo, el cobro de los generosos cupones que prometían las preferentes no está garantizado, ya que está sujeto a la consecución, por parte de la entidad emisora, de unos determinados beneficios.
Y por si todo esto aún fuera poco, estamos ante un producto con vencimiento perpetuo y carente de liquidez en los mercados financieros, ya que no existen inversores interesados en comprarlas y los llamados "creadores de mercado" sólo están dispuestos a hacerlo a precios muy bajos, por ejemplo, al 50% del valor nominal, lo que en la práctica haría que si un inversor las vende a este precio perdería la mitad del capital que invirtió.
Resulta sorprendente, por utilizar un término suave, que en los últimos años este producto se haya colocado masivamente por parte de las entidades financieras entre miles de pequeños, y no tan pequeños, ahorradores, que tenían un perfil de riesgo conservador y no tenían ni la más remota idea de las verdaderas características de este producto, que acabamos de comentar.
Salvo honrosas excepciones, la comercialización de este producto ha dejado mucho que desear, ya que, una vez más, los asesores financieros empleados de la banca no han explicado suficientemente bien los riesgos del producto, debido a la presión y el conflicto de interés a los que estaban sometidos porque el único objetivo de las entidades era colocar el producto como fuera.
Hoy, muchos asesores de inversión independientes nos encontramos con multitud de clientes "pillados" con estos productos, que no pueden recuperar su inversión y que se ven forzados a mantener su dinero invertido en una entidad en la que han perdido toda la confianza.
Las operaciones de canje que finalmente se han llevado a cabo o se están llevando a cabo por parte de las entidades son variadas y necesitan de un análisis individual, pero en bastantes casos se está abusando nuevamente del cliente obligándolo a canjear sus preferentes por acciones en un futuro, estableciendo ahora un precio de la acción que quizás en el momento de la conversión se haya venido abajo, con la consiguiente pérdida del capital invertido.
O peor aún, en algunas operaciones de canje, se obliga a los inversores a canjear y mantener durante largos periodos, por ejemplo durante 10 años, deuda subordinada, a un interés muy por debajo del mercado para este tipo de inversión, lo que hace imposible que antes de los 10 años se pueda vender este producto en mercado secundario sin sufrir una abultada pérdida de capital, y por tanto, obligará a los inversores a mantener el dinero invertido hasta el vencimiento, les guste o no les guste.
Por tanto, podemos hablar de un auténtico "corralito" a la española, que es inimaginable en países más avanzados financieramente pero que de producirse en alguno de estos países, habría tenido importantes consecuencias para los directivos de las entidades responsables. Aquí, sin embargo, todos tan contentos.
No quisiera terminar sin hacer una reflexión sobre la nula utilidad de la Mifid en estos casos.
En efecto, la directiva europea que supuestamente tenía que proteger a los pequeños inversores ha demostrado ser papel mojado, ya que las entidades continúan colocando a su antojo aquellos productos que les interesan en detrimento de los intereses de los inversores particulares, que están en clara desventaja por su baja cultura financiera.
Una situación que tiene pocas posibilidades de cambiar, ya que la reestructuración financiera que estamos viviendo nos está llevando a la formación de un oligopolio bancario, con la excusa de la crisis, lo que provocará una disminución de la competencia entre entidades, y por tanto perjudicará a los inversores y favorecerá la continuación de este tipo de prácticas.
Por más que lo repitan algunos políticos, banqueros y medios de comunicación, es una enorme falacia que la única forma de sobrevivir hoy en día para los bancos sea convertirse en entidades de mayor tamaño, y tenemos algunos ejemplos en nuestro país que tozudamente nos demuestran que se puede ser pequeño o mediano, y a la vez muy eficiente.
Además, si las autoridades financieras promovieran de una vez por todas el asesoramiento financiero independiente, como el que ejercemos los profesionales de AIF, estos problemas no se darían y se podría crear un modelo de distribución de productos financieros más favorable al inversor y más eficiente en términos de coste para los propios bancos.
Todos saldríamos ganando. El modelo a seguir es Reino Unido, donde los asesores independientes son un actor fundamental en el sistema financiero, pero aquí aún estamos, desgraciadamente, a años luz.
Arcadi Orrit, director de Inversión de AIF (Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros)