La AIF (Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros) ha entrado a formar parte de las listas de PÉRITOS JUDICIALES FORENSES desde principios de 2012, con el nº de entidad 777 de Catalunya.
De esta forma, los asociados de AIF previamente capacitados para ello, podrán ser llamados como Péritos en cualquier asunto judicial relacionado con empresas, entidades financieras, bancos, etc., de índole económico, inmobiliario y de seguros.
Los Juzgados asignarán por orden de lista a los péritos necesarios para esclarecer sus actuaciones, formando parte de las mismas los miembros de AIF
Como responsable del Departamento de Péritos judiciales de la asociación y docente de la formación superior de la Asociación de Péritos Judiciales para temas financieros, la AIF ha nombrado al asociado D.Antonio M.Rodriguez Castillo, profesional con una dilatada experiencia y reconocimiento en el ámbito judicial y docente. Rodríguez Castillo es, además, Director de estudios del Circulo Financiero.
Sobre la AIF
Los orígenes de la Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros (AIF) se remontan a los años 50, cuando nació, casi a contracorriente, en un momento en el que no se estilaba precisamente el movimiento asociativo. Desde entonces y, a pesar de haber estado casi siempre ubicada y centrada en Cataluña, la AIF ha estado apoyando a los asesores de todo el Estado.
A principios del 2006 y, atendiendo la demanda de diversos puntos de España, la AIF actúa como promotora de la Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros, entidad de ámbito nacional, con sede en Madrid, siendo la primera entidad que representa a los asesores independientes en España.
Actualmente, la AIF es la asociación de referencia de los asesores de inversión y financiación en nuestro país. La entidad acoge y coordina a los diferentes profesionales de la asesoría e intermediación financiera especialistas en las áreas de inversión, financiación y seguros (más de 500 en toda España), defendiendo sus intereses ante las diferentes administraciones y organismos y garantizando el cumplimiento de las normas deontológicas. También orientando a los consumidores sobre sus derechos en la contratación con los servicios de este colectivo profesional.
